IDEA. La Junta inicia la elaboración de la Ley de Transparencia que garantizará a los ciudadanos el acceso a la información pública
02.04.2014
La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha informado al Consejo de Gobierno del inicio de los trámites de elaboración del anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía. El texto estará abierto a las aportaciones de la ciudadanía, los grupos políticos y los agentes sociales en el marco del Pacto por Andalucía, para su aprobación como proyecto de ley y posterior remisión al Parlamento.
La futura norma tendrá como objetivo fundamental facilitar al máximo el acceso de los ciudadanos al conocimiento de la actuación de las administraciones, así como de las entidades privadas que gestionan fondos públicos o se financian con los mismos.
Respecto a la legislación estatal básica sobre la materia que actualmente se debate en el Congreso de los Diputados, la ley andaluza introduce como principal novedad la ampliación del ámbito de aplicación. De esta forma, además de las administraciones (la Junta, el Parlamento andaluz en sus decisiones administrativas, los ayuntamientos, las diputaciones, las universidades y las agencias y entidades vinculadas), estarán obligados a suministrar información los adjudicatarios de contratos del sector público; los beneficiarios de subvenciones; las entidades sin ánimo de lucro (partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y ONGs, entre otras) que reciban ayudas o subvenciones para sus actividades; las empresas privadas que gestionan servicios municipales, y las empresas y entidades que concierten con la Administración la prestación de servicios de educación, sanidad o servicios sociales.
El texto, que da respuesta a los requerimientos del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos, parte del principio del reconocimiento de este derecho, cuyo ejercicio es fundamental para la participación ciudadana, la legitimación de las instituciones democráticas, la defensa del interés general y la garantía de integridad, eficacia, eficiencia y responsabilidad de las autoridades públicas.
De acuerdo con este objetivo, el anteproyecto presentado por la consejera de la Presidencia e Igualdad se articula en torno a dos grandes conceptos: la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública. El primero de ellos hace referencia a la difusión por propia iniciativa de los poderes públicos, mientras que el segundo se vincula a la actuación de la ciudadanía en la petición de datos.
La publicidad activa se regula en el Título II, que incluye disposiciones dirigidas a posibilitar el máximo conocimiento ciudadano de la información que sea relevante para garantizar la transparencia, en aspectos que van desde la producción normativa, la planificación, la contratación, la gestión de subvenciones, los datos económicos y presupuestarios, las relaciones de puestos de trabajo o las retribuciones e indemnizaciones de los altos cargos.