La ley incluye medidas para impulsar la actividad por cuenta propia y la creación de empresas, y fomentar su crecimiento, innovación y salida al exterior. la ley también incluye un mecanismo para favorecer la “segunda oportunidad” empresarial que permitirá a los empresarios con deudas que no superen los cinco millones de euros acudir a una vía extrajudicial de negociación en vez de al concurso de acreedores.

Entre las medidas fiscales destaca la introducción del IVA con criterio de caja desde el 1 de enero de 2014 para las pymes con una facturación inferior a los 2 millones de euros, con lo que Hacienda no les exigirá el pago del IVA hasta que cobren las facturas.

Por otro lado, el anteproyecto contempla otros incentivos fiscales, como la deducción del 10% del Impuesto de Sociedades a las empresas con un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros que reinviertan sus beneficios en la actividad económica. Esta medida, según la vicepresidenta, beneficiará a unas 200.000 personas físicas y 185.000 pequeñas empresas.

Asimismo, la deducción por actividades de investigación y desarrollo se ampliará a todas las empresas y no se perderá si la empresa no tiene beneficios (beneficiará a unas 4.000 empresas), mientras que se eleva del 50% al 60% la deducción de las rentas obtenidas de activos intangibles y se elimina límite máximo.

La nueva ley introduce una nueva deducción por la que los particulares que aporten capital semilla a una empresa de nueva creación se beneficiarán de una deducción del 20% en el IRPF con una base máxima de 20.000 euros al año y se eximen fiscalmente las plusvalías generadas si se reinvierten en otras empresa de nueva creación.

Además, se crea la figura de responsabilidad limitada para que los empresarios individuales deudores no puedan perder su vivienda habitual siempre que su valor no supere los 300.000 euros, se cambia la ley concursal para favorecer la segunda oportunidad y se facilita la contratación pública por parte de pequeños emprendedores.

Para favorecer la llegada de inversión y talento a España, el Gobierno facilitará el permiso de residencia a los extranjeros que realicen inversiones inmobiliarias por encima de los 500.000 euros, compras de deuda pública por más de 2 millones de euros o inversiones con impacto en la creación de empleo o aportación científica y tecnológica.

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