El Consejo de Gobierno extremeño ha aprobado el viernes el decreto de ayudas para la financiación de gastos por asistencia jurídica laboral, fiscal y contable de nuevos autónomos y emprendedores de la región, la primera de las medidas que se pone en marcha en el marco del Plan de Fomento y Consolidación del  Trabajo Autónomo consensuado con el sector. 

Son ayudas para financiar los gastos en que incurren autónomos y emprendedores por la contratación de servicios externos necesarios para el inicio de una actividad empresarial o profesional, esto es las primeras obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social que tiene todo nuevo empresario como la tramitación correcta del alta en el RETA, la domiciliación bancaria de las cuentas, declaración de IVA, etcétera.

El Gobierno de Extremadura destina 300.000 euros a la primera convocatoria de estas ayudas, que por primera vez se ponen en marcha en la región. La cuantía por beneficiario será de hasta 25 euros por mes facturado y 300 euros por el periódico máximo de  12 meses.

Podrán beneficiarse de estas subvenciones los nuevos autónomos que inicien su actividad económica, empresarial o profesional en Extremadura cuyo alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) se haya producido este año, 2013.

Para pedir la ayuda debe haber transcurrido tres meses desde el alta en el RETA del autónomo que la demanda y las solicitudes han de dirigirse a la Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora, presentándolas en cualquiera de las oficinas de registro de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación o ante cualquier de las Oficinas de Registro Único de la Administración autonómica.

El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas de la esta convocatoria se iniciará al día siguiente de la entrada en vigor del decreto, que se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Extremadura.

Cabe destacar además que la normativa que regula estas ayudas permitirá que la concesión de las mismas se realice con la mayor agilidad posible, al establecer en dos meses el plazo máximo de resolución y notificación desde la presentación de la solicitud.