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Sodercan acoge un encuentro informativo dirigido a empresarios en el que se han analizado las implicaciones de estas dos herramientas en la marcha de las personas jurídicas.La reforma del código penal español en el año 2010 y su posterior modificación por la Ley 1/2015 determina la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos en su nombre por sus administradores y representantes legales. 

Ello implica, y no solo para las sociedades empresariales sino también para cualquier entidad jurídica como las fundaciones, las ONG, los partidos políticos o los sindicatos, un comportamiento preventivo y de control sobre la diversidad de materia legislativa y normativa a los que se encuentran sujetas.

 Este cumplimiento normativo que han de acatar todas las personas jurídicas es lo que se conoce con el término anglosajón “compliance”, que, por su trascendencia, adquiere cada vez mayor protagonismo en el mundo empresarial y legal.  Por otro lado, la Responsabilidad Social Corporativa, RSC, se está convirtiendo en una herramienta más para la dirección de las empresas, basada en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general.

 Difundir y analizar los retos que, tanto el compliance como la RSC, suponen para la nueva cultura empresarial ha sido el objetivo de la jornada organizada por Sodercan y que ha estado moderada por Rodolfo Rodríguez Campos, socio director de BDR Consultores Tributarios y Empresariales.

 Rodríguez Campos ha destacado la importancia de “mentalizar” a los gestores y administradores societarios de los “riesgos de índole de penal que asumen como consecuencia de la reforma legislativa de 2015” que puede implicar incluso la denominada “muerte empresarial”, es decir, la disolución y liquidación de la sociedad. Por ello, ha insistido Rodríguez Campos, es imprescindible “involucrar en el cumplimiento normativo” tanto a los órganos rectores de la persona jurídica como a “los gestores y al resto del staff directivo”.

 En la jornada han participado Jorge tomillo, Catedrático de Derecho Mercantil Universidad de Cantabria; Carlos Martínez de Marigorta, magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Santander; Jesús AlañA, fiscal de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y Especialista en delito corporativo y Vicente González Saiz, administrador concursal y socio director de Lexplus.

 Desde sus distintos ámbitos profesionales, los cuatro ponentes han trasladado al medio centenar de empresarios participantes en el encuentro las consecuencias legales y empresariales, pero también sociales y de beneficio reputacional, de dotarse de medios de evaluación de riesgos penal, de controlar dicho riesgo y de elaborar un manual propio de procedimiento para ser difundido y aplicado el seno de la empresa. En cuanto a los procedimientos e iniciativas de desarrollo ético empresarial en la RSC, se ha destacado que han de verse no exclusivamente como un modo de aportar beneficios a los intereses de la propia empresa sino que éstos han de implicar a los cinco grupos de interés afectados por la marcha de la compañía, es decir, clientes, empleados, proveedores, accionistas y sociedad en general.

 Enmarcadas en el compliance y la RSC, Miguel Ángel Ibáñez, director de Servicios Generales de Sodercan, recordó durante la presentación de la jornada algunas de las medidas tomadas por la entidad pública. Entre otras, señaló Ibánez, se incluye Certificación ISO 9001 de Gestión de la Calidad y OHSAS 18001 de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral y la implantación de un Sistema de Gestión de Riesgos Penales, a través de un conjunto de medidas organizativas y técnicas encaminadas a reducir o eliminar la ocurrencia de acciones que tengan consecuencias legales en el ámbito penal.

 Con respecto a la RSC, Sodercan puso en marcha a partir del año 2010 diversas iniciativas llevadas a cabo por la propia plantilla y, de manera externa, impulsó numerosas acciones de dinamización de la sostenibilidad en nuestra comunidad. Aunque estas iniciativas se vieron ralentizadas considerablemente durante la anterior legislatura, actualmente, apuntó Miguel Ángel Ibáñez, se está retomando la senda correcta al incluirse en el nuevo convenio colectivo de la sociedad la elaboración y puesta en marcha de una nueva estrategia de Responsabilidad Social Corporativa.